La Corte Suprema chilena ratifica la condena de los militares que asesinaron en 1976 a Carmelo Soria

La Corte Suprema chilena ratificó este martes las condenas que pesaban sobre los autores del asesinato del funcionario internacional de origen español, Carmelo Soria, hecho ocurrido en julio de 1976.

Las mayores penas recayeron sobre los exmilitares Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, que sumaron más años a las condenas que ya cumplen en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura.

El alto tribunal condenó a los exuniformados a 15 años de cárcel y un día, pena que también recayó sobre el exagente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Guillermo Salinas Torres, y a 10 años y un día a los exagentes Juan Morales Salgado, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé, todos encontrados culpables del asesinato del diplomático.

Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), vivía en Chile junto a su esposa e hija cuando el 14 de julio de 1976 fue secuestrado por militares quienes se hicieron pasar por policías en un control de tránsito.

El diplomático fue trasladado a una casa en el sector oriente de Santiago donde vivía el agente Michael Townley, autor del asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington. Ahí, Soria fue torturado por 48 horas hasta su muerte a golpes. Los exagentes trasladaron el cuerpo y el automóvil a los faldeos del cerro San Cristobal y simularon un desbarrancamiento.

Carmen Soria, hija de Carmelo y quien reside en Chile, ha encabezado la búsqueda de verdad y justicia por lo ocurrido con su padre hace 46 años.

El asesinato de Soria fue uno de los casos que sustentó la petición de extradición hecha por el exjuez español Baltazar Garzón a Reino Unido, lo que derivó en la detención del general Augusto Pinochet en Londres en 1998.

Expresidente Frei no fue asesinado

En un controversial fallo, la Corte Suprema descartó el viernes que el exmandatario Eduardo Frei Montalva fuera asesinado por agentes del Estado mientras se recuperaba de una operación en 1982.

El alto tribunal confirmó lo fallado en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya en 2021 habían revocado el fallo del juez Alejandro Madrid. Este había condenado en 2019 a tres médicos, al exchofer de Frei y un agente de la DINA como autores del homicidio. El magistrado basó su fallo en pruebas toxicológicas que aseguraban la presencia de una sustancia nociva en el cuerpo del exgobernante.

Sin embargo, y cuando ya los tres facultativos condenados en primera instancia están fallecidos, la Corte Suprema revirtió el fallo señalando que no había ni una prueba concluyente que pudiera demostrar el asesinato.

«La competencia de ambas peritos, como la metodología científica empleada por estas, ha sido severamente cuestionada (…), siendo ello del todo relevante para determinar que sus dictámenes carecen de la fuerza probatoria suficiente», señala el fallo.

Frei Montalva se sometió en 1982 a una cirugía gástrica la cual se complicó y derivó en su muerte unos días después. Una serie de extrañas circunstancias posteriores, como su embalsamiento en la misma pieza de la clínica, levantaron sospechas y en 2002 la familia presentó la primera querella por asesinato.

Al conocer el fallo de la Suprema, sus hijos -el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la exsenadora Carmen Frei-, lamentaron el dictamen, lo calificaron de «mediocre» y aseguraron que adolecía de graves errores.