Desde principios de año y con la tensión establecida por el fallido proceso constitucional, la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado se avizoraba, cuanto menos, razonable. Y los hechos han demostrado que era cierto.
En noviembre del año pasado el presidenteGabriel Boric nombró al periodista y exconvencional Patricio Fernández coordinador de las actividades destinadas a registrar el abrupto término de la democracia en Chile septiembre de 1973. Hoy, ocho meses después, Fernández se vio obligado a ceder la carga para no profundizar una fuerte polémica con las organizaciones de derechos humanos que lo acusan de «negador» y de relativizar el golpe militar.
A pesar de los años, el fin del gobierno de la Unidades Populares (UP) sigue siendo un tema que divide a los chilenos. Hace unas semanas, el presidente Gabriel Boric abandonó el supuesto señalando que a 50 años del suceso vale la pena hacer una «revisión» crítica de la UP.
“Creo que desde la izquierda tenemos que somos capaces de analizarla con mucho más detalle y no solo desde una perspectiva mítica”, afirmó.
A sus palabras reaccionó el secretario general del CPLautaro Carmona, quien afirmó que el proyecto de la UP “está inacabado, pero no desrotado”.
Difícil fecha
La memoria del 11-S siempre ha sido completa y por eso, en democracia, se legisló ir más allá de su festividad. A los 30 años del golpe militar, durante el gobierno de lagos, si reabrió la puerta de La Moneda de donde se retiró el cuerpo de Allende y fue vendido al gobierno de Pinochet. Y en la misma fecha el Ejército, a través de su comandante en jefe, comprometió al «nunca más» de excesos y crímenes.
A la edad de 40 años, el ex presidenteSebastián Piñera reconoció la existencia de “cómplices pasivos” de violaciones a los derechos humanos, preparando con ellos a su sector. Hoy, la conmemoración del medio siglo se encuentra al país polarizado.
La polémica entre Fernández y las grupos DDHH y un grupo de parlamentarios oficialistas, el alcalde comunista, se estancó la semana pasada cuando la coordinadora adelantaba en un programa radial las actividades organizadas. Ahí señaló que si “se podrá seguir discutiendo por qué pasó lo que pasó o cuáles fueron las razones o motivaciones del golpe de Estado. Eso lo vamos a seguir viendo… ma lo que hemos intentado acordar es que sucesos posteriores a ese coup son inaceptables en qualalquier pacto civilizatorio».
Inmediatamente 160 agrupaciones vinculadas a las víctimas de represalias (en Chile hay 1.469 víctimas de desaparición forzada) y el CP pide ceder la carga para «justificar» el golpe militar. Y una especie de guarnición retomó su actividad cuando el presidente Boric presentó el proyecto conmemorativo ‘Árboles por la Memoria’, acto que fue suspendido.
Fernández se defendió en Twitter diciendo que «jamás justificó el golpe. Mucho, mucho al contrario. Soy un convencido de que cudar y defender la democracia è una tarea inaudible. Necesitamos escuchar más».
El coordinador de los actos, hace algunas semanas, había acompañado a la Ministerio de Defensa, Maya Fernández (nieta de Allende) es esposa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la isla sureña de Dawson. Ese lugar fue utilizado como campamento de relegados en 1973 y, el ministro junto al comandante en jefe de la Armada instaló un monolito en recuerdo de quienes estaban ahí, entre ellos, el padre de Tohá.
La renuncia de Fernández fue demandada, entre otros, por la reputación comunista Carmen Hertz, cuyo marido fue asesinado en la Operación Caravana de la Muerteafirmando que su permanencia hizo posible la participación de grupos en actos conmemorativos.
El presidente agradeció los servicios de Fernández indicando que no tiene nada que ver con sus credenciales democráticas. “No solo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como dijo explícitamente, hasta que jamás justificaría la paz de la democracia en un golpe de Estado”, dijo.